29 Nov 2020

Reflexionan sobre documental y exigen justicia

Jeimmy Nava

La coordinadora señaló la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos y la responsabilidad del gobierno de velar por su seguridad.

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Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), señaló la culpa del gobierno en el caso de Rubí Frayre y Marisela Escobedo, al no investigar el feminicidio de Rubí, no proteger a Marisela cuando fue amenazada por el hermano de Sergio Barraza, y no brindar las medidas necesarias para que la familia de las víctimas pudiera adaptarse a una nueva comunidad después de su asesinato. 

La coordinadora impartió la conferencia vía Zoom ¿Qué hay detrás del documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”?, en el cierre de la Semana Morada, organizada por el Centro de Equidad de Género e Inclusión (CEGI) de la Universidad de Monterrey (UDEM) en conjunto con varios grupos estudiantiles; Fierro habló sobre el CEDEHM, la defensa de derechos humanos y las responsabilidades que tiene el gobierno en temas de violencia de género.

“Decirle al Estado, que me amenacen a mí, defensora de derechos humanos, no es mi culpa, es tu responsabilidad y tú me tienes que proteger porque yo estoy haciendo el trabajo que tú no haces bien, yo existo porque tú no lo haces bien, entonces protegerme también es tu responsabilidad y si me pasa algo va a ser tu responsabilidad”, dijo la coordinadora.

Fierro indicó que el CEDEHM fue quien le brindó apoyó a Escobedo cuando inició la búsqueda de justicia por su hija, y enfatizó en la impunidad por parte del Estado al no aceptar la denuncia, marcar solo un reporte de ausencia y absolver a Sergio Barraza, asesino de Rubí Frayre, porque invalidaron las pruebas al considerarlas “indirectas”.

La coordinadora señaló la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos y la responsabilidad del gobierno de velar por su seguridad; Fierro dijo que se le debe exigir al Estado que haga investigaciones exhaustivas de los casos, sancionen a los funcionarios que evitaron que se diera un seguimiento legal, acepten su impunidad y no culpabilizar a la víctimas.

“El Estado no cumple con su obligación de garantizarnos a las mujeres y niñas una vida libre de violencia, y la sociedad y sus instituciones se resisten a hacer el cambio drástico que necesitamos”, afirmó Fierro.

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